La Unión Nacional de Educadores ha iniciado un paro nacional indefinido para lograr un verdadero cambio en la educación y en defensa de derechos y conquistas salariales que el gobierno los quiere eliminar; la CONAIE ha efectuado movilizaciones regionales y anuncia una gran movilización nacional en contra del proyecto de Ley del Agua, por contener elementos privatizadores; son constantes las movilizaciones de los trabajadores en defensa a su derecho a la contratación colectiva; las universidades, la FEUE han expresado su repudio a una Ley de Educación Superior antidemocrática que elimina principios básicos en la naturaleza misma de esas instituciones y anuncian movilizaciones para que se apruebe la ley por ellos interpuesta; los comerciantes minoristas han iniciado un plantón a las afueras de la Asamblea para impedir que ésta archive la Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas; las organizaciones barriales se movilizaron a la Asamblea demandando cambios en la Ley de Ordenamiento Territorial que abre las puertas a la privatización de los servicios básicos... las protestas se generalizan y se avizora un período de agudización de la lucha popular.

Es la respuesta natural de los trabajadores y el pueblo frente a un gobierno que no cumple las expectativas levantadas y que, por el contrario, da muestras de alejamiento del contenido democrático y progresista del proyecto por el cual el pueblo votó hace dos años y en las recientes elecciones de abril.

Entre la primera y la segunda administraciones presidencial de Rafael Correa hay cambios y no precisamente en pro de radicalizar acciones; en varios aspectos el Presidente no quiere salir de la ‘larga noche neoliberal’ y los nexos con sectores empresariales criollos y extranjeros son evidentes, al punto que podemos afirmar que se está produciendo una renegociación de la dependencia, una acumulación capitalista a favor de facciones de la burguesía que anteriormente no se encontraba directamente en la conducción de la administración gubernamental. Así se explica el contenido anti popular y antidemocrático en algunos ejes de la acción gubernamental.

Los sectores sociales que ahora se han lanzado a la lucha son los mismos que con su accionar alimentaron y dieron forma, en mucho tiempo, a la tendencia democrática, progresista y de izquierda, son sectores que mayoritariamente apoyaron y votaron por Correa. Hoy, sus combates expresan el afán de impedir que el proyecto de cambio sea traicionado y, por ende, buscan rectificaciones en la gestión gubernamental; son acciones de lucha que, en el caso de las organizaciones vinculadas al Frente Popular, expresan la independencia de clase frente a un gobierno en el que la derecha va ganando terreno. Correa debe recordar que nunca tuvo un cheque en blanco de parte de la izquierda revolucionaria, ni del movimiento popular organizado.