Setecientos detenidos, ciento treinta heridos y una docena de muertos, denunciado por los trabajadores, durante los nueve días que ha durado la huelga en las bananeras de Bocas del Toro, -frontera con Costa Rica- y la detención de líderes sindicales en la capital para tratar de frenar la convocatoria de una huelga general son las últimas noticias sobre los resultados de la intentona gubernamental de poner en vigencias una ley que atenta contra los derechos de los trabajadores.

La denominada Ley 30 de 2010, Ley Langosta o Ley 9 en uno, es un cuerpo legal sobre aviación comercial que el Gobierno de Roberto Martinelli ha utilizado para introducir cambios en la legislación laboral, penal, policial, ambiental y otros cinco ámbitos. Elimina los estudios de impacto ambiental en cualquier proyecto calificado de interés nacional; permiten, entre otras cosas, que los policías eviten la prisión preventiva en caso de cometer delitos en el ejercicio de su cargo; elimina la cuota sindical y el derecho a la huelga.

Esta burda utilización de la legislación para tratar de encubrir los propósitos de atentar contra los trabajadores tuvo en los obreros indígenas de las plantaciones de Bocas del Toro a quienes asumieron una huelga para rechazar la ley. El gobierno envió a sus escuadrones antimotines y la fuerte represión logró lo que años de conversaciones no lo hicieron: varios sindicatos se unieron para enfrentar al gobierno y exigir la derogatoria de la Ley 30.

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) y el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos (Frenadeso) aprobaron una huelga nacional de 24 horas prorrogables, uniéndose a lo exigido en Bocas del Toro La convocatoria fue respalda por la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CONUSI), integrada por más de 50 mil trabajadores; la Asociación de Empleados de la Caja de Seguro Social, la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá, la Asociación de Maestros Independientes y la Asociación de Profesores de la República. También apoya el sindicato de obreros de la construcción (Suntracs), cuyas filas suman 60 mil obreros.

De las acciones represivas el gobierno ha pasado a la dádiva e incluso a la súplica. Sus dirigentes denunciaron que en la zona de la represión aparecieron varios funcionarios gubernamentales ofreciendo fundas de comida, acción que fue considerada como una compra de conciencias y por lo tanto rechazada con fortaleza. Así mismo, Ricardo Martinelli ha reconocido la exageración de la represión como medida para calmar los ánimos, pero los dirigentes han rechazado también esa posición y han solicitado a organismos internacionales la investigación de los hechos, a la vez que convocaron a una Huelga General.

El escuadrón antimotines es acusado de ingresar a los domicilios de los huelguistas y lanzar bombas lacrimógenas en su interior, situación que habría causado la muerte de varios obreros.

La supuesta paz que vivía Panamá, siempre expuesta por su burguesía como expresión de las bondades del capitalismo y docilidad de los obreros sin influencia política, ahora ha sido rota porque los trabajadores llevan en sus adentros el deseo de sobreponerse a las inequidades por demás evidentes en la sociedad panameña.