A igual trabajo igual remuneración es la disposición mandante de la Constitución vigente, que fue diseñada en Montecristi, sin embargo más de un año de su aprobación, en Consulta Popular, ese concepto no se aplica.

Por ejemplo, según se denuncia en la prensa, una recaudadora en una institución gana menos de la mitad que otra, con la sola diferencia que la segunda trabaja en diferente institución pública. También se menciona el caso de auxiliares, secretarias, choferes, auditores, asesores.

Es muy notoria la diferencia salarial entre el auditor del Consejo de la Judicatura y el auditor del Ministerio de Salud, el primero tiene un salario mayor en dos mil novecientos dólares, gana cuatro mil cien dólares, mientras el otro dos mil ciento noventa, que también es un buen salario. No existe explicación alguna respecto de esta diferencia a no ser que el gobierno no ha logrado aplicar los correctivos ofrecidos.

En palabras del propio Rafael Correa se exponen los problemas salariales también desde otra visión: “no es posible que el sueldo de un conserje sea $ 478 y el de un maestro que ingresa al ministerio $ 330”, sin embargo, esto que hace tres años fue una constatación de la injusticia, hoy es una acusación contra él mismo.

De la revisión que se hace se constata que grandes diferencias persisten, pese a la disposición constitucional y al ofrecimiento gubernamental. Esta situación no solo se da entre personas que tienen igual trabajo, también se puede notar entre personas que tienen un nivel de preparación con respecto de quienes no la tienen, como es el caso de los docentes, que además, tienen una remuneración muy baja, incluso insultante cuando se compara entre el salario de un auxiliar del Consejo de la Judicatura que gana mil seiscientos dólares y un docente de categoría intermedia que no supera los 600 dólares mensuales. No se cuestiona el derecho del auxiliar a obtener su remuneración, se cuestiona la política salarial del gobierno de Alianza Pais que niega el derecho del conjunto de servidores públicos a tener un salario digno, creando odiosas diferencias entre instituciones.

Por otro lado, el sector público en los últimos tres años, en la Presidencia de Rafael Correa, creció en 92 mil personas, hasta llegar a 454 mil personas, sin embargo, la mayoría de los nuevos servidores públicos no tienen sus derechos laborales garantizados.

El caso más emblemático de esta situación es lo que sucede en la Educación Pública en el que los empleados pasaron a 234 mil, cuando en el 2006 eran 173 mil. Un atentado a los derechos laborales se perpetra contra ellos pues la mayoría son contratados por un año. Este problema no es exclusivo del Ministerio de Educación, es del sector público en el que 79 mil personas trabajan a contrato. No cabe duda que la medida es clientelar, una práctica política que PAIS dijo rechazar, pero que a la hora de gobernar le viene muy bien y de la que pretende seguir obteniendo réditos políticos.

A igual trabajo diferente remuneración, contratos que limitan los derechos laborales, instituciones públicas de diversa categoría en función de los salarios que pagan, esfuerzo por prepararse sin reconocimiento entre otras son las deficiencias que mantiene el sector público en el sistema de salarios que la pericia conocimiento y capacidad de Rafael Correa dijo que podía resolver pero que pasados varios años aun no lo hace.