En meses pasados, el IESS celebró con el Municipio de Quito un convenio de “Alianza Estratégica” que profundiza el proceso de descentralización que propugna la burguesía y cuyo último fin es privatizar las actividades rentables que ejecuta el Estado, a través de cualquier estamento y, de esa manera, obtener rentabilidad, única razón de ser de la empresa capitalista.

La alianza plantea la diversificación y descentralización de las inversiones del IESS, operar los predios de propiedad de la entidad en proyectos inmobiliarios, cooperación en el mejoramiento de los servicios de salud y atención a los afiliados y solucionar los problemas de obligaciones pendientes que tienen ambas instituciones.

Por arte de magia, los bienes que por años fueron calificados como “improductivos”, ahora encuentran en el Municipio la entidad que “bondadosamente” se hace cargo en conjunto con la maquinaria empresarial de la Izquierda Democrática. Mediante la figura del fideicomiso, el IESS entregará al Municipio sus bienes con los que, a su vez, este organismo entregará a diversas ONGs que serán las encargadas de realizar los proyectos inmobiliarios que se venderán con hipotecas a los interesados. Este mecanismo supone la movilización de enormes cantidades de dinero, tanto de parte del IESS como de parte de los compradores, pero todos manejados por los administradores afines al partido naranja.

Por el lado de la salud el instituto de los afiliados también deberá realizar ingentes inversiones para que el municipio mejore las instalaciones para luego proceder a su operación, otra vez, mediante la participación de ONGs o empresas, supuestamente capacitadas para el efecto. Estos procedimientos desconocen las capacidades institucionales como del personal que labora en el instituto; basándose en la campaña de desprestigio a la que lo han sometido, ahora, para la burguesía, es momento de hacer leña y quedarse con la parte del león.

La política neoliberal de descentralización no tiene como fin tener un Estado más eficiente sino lograr su reducción al mínimo con el fin de maniatarlo y entregar sus actividades al sector privado. Para conseguirlo y visto la enorme oposición popular que en anteriores intentos recibieron, se están implementando mecanismos de entrega de “competencias” a los gobiernos seccionales que, con el argumento de estar “más cerca del ciudadano y su problemática”, supuestamente podrá resolverlas de mejor manera.

La entrega implica la valoración del servicio a prestarse y la entrega de dinero para hacerlo. Sin embargo, la escasez de recursos los obliga a trasladar el peso económico a los usuarios, siendo este el primer paso en el proceso privatizador, es decir que quien reciba un servicio del Estado lo pague. El siguiente paso, desde la óptica burguesa, será mucho más fácil. Si el usuario ya paga, el Estado es ineficiente, el mercado pone los precios de manera eficiente y esto se logra mediante la competencia entre empresas, entonces la entrega de los servicios públicos a las empresas es lo más adecuado. Ante la posibilidad de reducción de precios por la competencia la gente aceptaría de buena gana este paso. Pero se debe tener en cuenta que el fin último de las empresas no es brindar un servicio, sino obtener rentabilidad que se consigue mediante el incremento de precios. Siendo así, importantes sectores de escasos ingresos quedan fuera del acceso a esos servicios poniendo en riesgo su propia existencia, pero esta es una circunstancia que tiene sin cuidado al capitalismo y sus propulsores que priorizan, por sobre todas las cosas, el negocio y su bolsillo. Los derechos de las personas, consiguientemente, son conculcados.

El convenio entre el IESS y el Municipio se enmarca dentro de estas pretensiones además que afecta al patrimonio de la más importante institución del país y de los trabajadores.