Se calcula que más de tres y medio millones de compatriotas han salido del país, obligados por los graves problemas económicos y sociales que afligen al Ecuador. Entre migrantes y familias afectadas por la migración, más del cuarenta y cinco por ciento de ecuatorianos están directamente involucrados en este fenómeno.
En términos generales, podemos decir que un doble efecto está produciendo el abandono masivo de compatriotas: en el ámbito social, las consecuencias son grandes y tienen que ver con la desintegración del núcleo familiar, el surgimiento de graves problemas en el comportamiento de jóvenes y niños afectados por el abandono; y, en el plano económico, se ha convertido en la segunda fuente de ingreso de divisas del país. Siete de cada diez migrantes envían un promedio que va de 150 a 300 dólares mensuales a sus familias; el año pasado habrían ingresado por este concepto dos mil quinientos millones de dólares, que sirvieron para sostener el consumo y dar liquidez a la economía ecuatoriana.
Mas, esos compatriotas continúan enfrentando enormes dificultades impuestas por las autoridades de los países en los que ahora laboran, no obstante ser una fuerza de trabajo productiva. En España, de acuerdo a El Periódico de Cataluña (16.11.06) “más del 50% del crecimiento económico de los últimos cinco años” se debió a los migrantes; la diferencia entre lo que los migrantes reciben por sanidad y educación y otros beneficios sociales, y lo que aportan por concepto de cotizaciones es de cinco mil millones de euros. Pero la respuesta a esa contribución ha sido la adopción de políticas antimigratorias xenofóbicas, como las impuestas por la Comunidad Europea, que criminalizan la migración ilegal y prácticamente imposibilitan la consecución de un estatuto legal para ella.
En los Estados Unidos, el gobierno de Bush ha vinculado el tema migratorio con la seguridad nacional, y en estos días continúan las discusiones para imponer nuevas políticas restrictivas, caracterizadas por su naturaleza racista, excluyente y policial. Antes que legalizar a los migrantes, la administración estadounidense quiere expulsar a muchos de ellos, escudándose, para ello, en la creación de un programa de trabajadores temporales, que obliga el retorno de los migrantes a sus países de origen, para “hacer cola” en la búsqueda de la residencia, amén de las multas que deben cancelar por permanecer ilegalmente en Estados Unidos y otras estipulaciones que obligan a los norteamericanos la denuncia de los “ilegales”.
Los defensores de la libre movilización de las mercancías, de los servicios y capitales, quienes han abogado todos estos años por el derrumbe de las barreras arancelarias se oponen a que la mano de obra (la mercancía fuerza de trabajo) tenga también la capacidad de moverse libremente por el mundo y, por el contrario, la consideran como una amenaza a su seguridad.