Crímenes causan remezón en cúpula militar

El escándalo sobre los asesinatos y falsos montajes que costó la dimisión de 27 mandos, también arrastró al comandante del Ejército colombiano, Mario Montoya, quien renunció.

Con la salida de Montoya, las organizaciones de derechos humanos, obtienen un punto a su favor. Este general mimado del imperialismo y de la burguesía nativa por su “defensa” ciega de la criminal Seguridad Democrática, ante la contundencia de las evidencias, tuvo que renunciar, no sin antes, con el mayor cinismo declarar que “Nadie mejor que mis soldados pueden dar testimonio de mi gran dedicación para lograr para los colombianos la paz que por años hemos anhelado” y que “... como general en retiro, seguiré con las mismas convicciones de fe y de amor por mi Ejército y por mi patria”. En otras palabras, continuará coordinando con los paramilitares las tareas que le son cuestionadas al ejército.

La salida de Montoya sin duda es un golpe para la política del Presidente colombiano, pues este general es uno de los oficiales más cercanos a Uribe, también era considerado uno de más entusiastas ejecutores del Plan Colombia. Además fue instructor de la cuestionada Escuela de las Américas.

Al general Montoya se le atribuyen las más importantes operaciones militares que golpearon a la guerrilla, a la par de ser el artífice de una fuerte expansión paramilitar en las zonas donde el ejército “tomaba” posiciones.

Las denuncias e investigaciones de organizaciones de derechos humanos sobre los crímenes del ejército -en unidad con grupos paramilitares- que, a comienzos de año asesinaron a más de veinte jóvenes en una localidad al sur de la capital, demostraron que se trató de otro falso positivo (nombre con el que se conoce a los montajes que realizan) con el que el ejército pretendía justificar sus crímenes y “mostrar resultados” en su lucha contra la guerrilla y los supuestos enemigos del gobierno. Estos jóvenes fueron detenidos por el ejército y posteriormente encontrados en una fosa común y, ante las evidencias, presentados como miembros de grupos guerrilleros “muertos en combate”

En Colombia, según Amnistía Internacional, las autoridades se empeñan en negar cualquier abuso, incluso “se niegan a reconocer que hay un conflicto armado en el país, prefiriendo definir las hostilidades en el marco de la guerra contra el terror internacional” generando así un “aumento de las violaciones a los derechos humanos” que en cifras, según la mismas ONG, ya causa más de 70 mil muertos, casi 4 millones de desplazados, 20 mil secuestrados y 10 mil niños soldados.