La criminalización de la protesta como política de Estado

Desde varios sectores se acusa al gobierno que éste ha iniciado un proceso de criminalización de la protesta social, que tendría como propósito fundamental impedir -o al menos neutralizar- las acciones de protesta que distintos sectores levantan en contra de la política anti-popular del gobierno. Pruebas al respecto sobran: más de 280 ecuatorianos enfrentan procesos judiciales en los que se los acusa de sabotaje y acción terrorista, algunos de ellos sancionados ya con prisión como los casos de Marcelo Rivera, presidente nacional de la FEUE, los ocho campesinos del cantón Nabón o el Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ing. Hernán Yánez.

Cuando se habla de criminalización de la protesta su tipificación no se circunscribe a calificar al gobierno que lo aplica únicamente como represivo. Es eso, por supuesto, pero va mucho más. La criminalización de la protesta es una política de Estado aplicada por las clases dominantes a través de la cual gestan y adecuan una serie de medidas que, una vez institucionalizadas, aparecen como naturales y jurídicas, aunque contraríen o nieguen derechos fundamentales de la población.

Un elemento característico de la criminalización de la protesta es juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de las organizaciones sociales y de sus líderes bajo el lente del Código Penal. De esta forma un reclamo, una protesta callejera, una huelga reconocidos por la Constitución como derechos se convierten, o mejor dicho, las convierten en acciones punibles, es decir, en delitos.

Pero para que sus efectos políticos sean totales, la preeminencia del Código Penal no es suficiente; los grupos que controlan el poder requieren además otro tipo de leyes, reformar las existentes y contar con organismos o aparatos que garanticen integralmente la ejecución de su política de criminalización, para cuyo caso además no solo se apoyan en los entes jurídicamente establecidos, sino también en acciones y operaciones fuera de la legalidad.

En el país vivimos hoy el proceso de creación de una institucionalidad para ese fin. El control total de las cortes de justicia y el endurecimiento de las penas forman parte de esa política de Estado orientada a crear y contar con un aparato de control y represión al movimiento de masas, y su posible materialización o ejecución se la hace a nombre de la utilización de un instrumento democrático como es una consulta popular. Visto así las cosas, el propósito de esta consulta es mucho más complejo, porque el afán de controlar la justicia va en la línea de contar con andamiaje jurídico-estatal fuerte para reprimir pero flexible para los intereses de quien gobierna.

En el mismo propósito el gobierno actúa en otro campo: la formación de los aparatos represivos. Los mundialmente conocidos por el salvajismo como actuaron bajo el gobierno de Augusto Pinochet en contra de la izquierda y el pueblo en general, los “carabineros de Chile”, por acuerdo firmado por el gobierno se encargarán del adiestramiento de la Policía Nacional. Es fácil suponer qué aprenderán de una Policía inescrupulosa y experimentada en torturar y desaparecer personas.

Así mismo, las medidas planteadas por el gobierno que cambian la composición y dirección de algunas instancias de la Policía Nacional, y que en concreto ponen bajo la conducción de un funcionario de gobierno las labores de inteligencia policial, forman parte del propósito denunciado líneas arriba.

Por último está el control de la opinión pública. En realidad, como lo descubren muchos especialistas en el tema de la comunicación, la denominada opinión pública es creada desde las altas esferas a través del discurso oficial difundido por los grandes medios. No es casual entonces que el gobierno tenga mucho celo en controlar varios canales de televisión, estaciones de radio, periódicos como El Telégrafo, El Ciudadano, El Popular, Metro Quito, haya creado una agencia de noticias (Andes) y llene las pantallas de tv con cadenas o enlaces obligatorios.

El gobierno, o mejor dicho, la facción burguesa que hoy controla este gobierno impulsa una serie de medidas, acciones, reformas legales para garantizar que la criminación de la protesta sea una política de Estado al servicio de quienes en un momento o en otro pasen por los salones de Carondelet.