Sin justificación para el decreto de excepción

El decreto 647 del Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, remitido a la Asamblea, amplía hasta el 8 de abril del presente año el Estado de excepción en las instalaciones de la Función Legislativa. El argumento: garantizar la soberanía nacional, el orden interno y la seguridad ciudadana y humana en todas sus instalaciones, para que pueda ejercer a plenitud sus atribuciones y facultades constitucionales y legales.

Como justificación para este ilegal decreto se recuerda los hechos ocurridos el 30S cuando los miembros de la Policía Nacional se levantaron para cuestionar la Ley Orgánica de Servicio Público, este Decreto no es sino un mecanismo para insistir en su discurso de que hubo un intento de golpe.

Según el gobierno, a pesar del proceso intensivo de recomposición institucional del sistema de seguridad de la Legislatura, las secuelas del 30S no se han podido superar lo que podría generar gran conmoción interna si es que la Asamblea Nacional no pudiese ejercer a plenitud las atribuciones y facultades que le confiere la normativa constitucional y legal. Lo cual no justifica la implementación de una medida de esa naturaleza, pues, la Constitución en su artículo 164 señala las razones para decretarlo estas son: en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural. Lo que anula los argumentos planteados en el Decreto.

La ampliación del estado de excepción en las instalaciones del poder legislativo es una medida más de su política autoritaria que tiene como finalidad insistir en su discurso del golpe de estado, pero, sobre todo se trata de afirmar su política represiva, persecutoria, pues, un foco desde donde la oposición tanto de la derecha como de la izquierda logra hacer escuchar su voz es desde la Asamblea por lo que es necesario proyectar una imagen de “control y seguridad” del recinto.