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Amnistía para los luchadores populares

Martes 16 de mayo de 2017

Distintas organizaciones populares están pidiendo a la Asamblea Nacional la amnistía para los luchadores populares procesados por delitos como sabotaje, terrorismo, resistencia a la autoridad e incitación a la discordia.

El presidente saliente Rafael Correa desde las sabatinas mandaba encarcelar a quienes protestaban en contra de sus políticas, de las empresas mineras transnacionales chinas y en defensa de la naturaleza; persiguió a indígenas, trabajadores, estudiantes, defensores de la naturaleza, mujeres. Los jueces venales estuvieron solícitos a cumplir los designios autoritarios de “su majestad”, quien pasó por encima de la norma constitucional según la cual vivimos en un Estado social y de derechos.

Desde el 2007, cuando inicio la “revolución ciudadana”, el gobierno aplicó medidas represivas como respuesta a las demandas sociales y como incapacidad de apertura y diálogo con el pueblo en lucha, a diferencia de la actitud que ha tenido con los empresarios a quienes les procuró el retorno de ganancias fabulosas, garantizadas posteriormente con las alianzas público privadas (App), con las que aparentemente no estaba tan de acuerdo.

El autoritarismo del gobierno correísta ha buscado mediante la persecución y el amedrentamiento que los distintos sectores no protesten, no reclamen y no alcen su voz con dignidad, pues tenían un mandatario “súper inteligente”, capaz de resolver todos los problemas y de atender las necesidades, sin que por medio exista el “uso de la violencia”.

Se han registrado en total 229 casos que se hallan calificados como agresiones, detenciones, intentos de detención y allanamientos en todos los lugares donde se realizaron movilizaciones y protestas, principalmente en las provincias de la Amazonía y de la Sierra.

Recordamos la detención arbitraria ocurrida en días previos a la Marcha por el Agua, en marzo de 2012, perpetrada contra jóvenes que posteriormente se los conoció como los 10 de Luluncoto. Jornadas de intensa confrontación y agitación política también se vivieron entre el 13 y el 23 de agosto de 2015, momentos clave de las movilizaciones organizadas por campesinos e indígenas como los del pueblo Saraguro de la provincia de Loja, trabajadores y estudiantes, maestros y trabajadores autónomos, en oposición al Gobierno de Rafael Correa. El caso más reciente es el de 50 campesinos e indígenas shuar, de Morona Santiago, señalados por el delito de asesinato, luego de un enfrentamiento con policías y guardias de seguridad en el campamento de la minera china Explorcobres, en Nankins, en el cual murió un policía.

Se confirmó por parte de las distintas organizaciones populares que del total de casos registrados, 158 fueron hombres y 52 mujeres. El rango de edad de los judicializados fluctúa entre los 14 y los 75 años. Esto significa que casi el 70% de todas las personas agredidas por la violencia del oficialismo fueron hombres.

La amnistía, el indulto y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 283 son temas a considerarse por el nuevo presidente así como el derecho y cuidado del agua, los impactos del extractivismo, la consulta previa a las comunidades, el restablecimiento de la legalidad de la UNE y el de la educación pluricultural bilingüe si es cierta su propuesta. El pedido de amnistía planteado al nuevo presidente, lo que incluye la responsabilidad de la Asamblea Nacional, pone a prueba el llamado realizado mediante la política de “mano extendida” a sectores de oposición y que no será una propuesta demagógica para amainar la exigencia de las ofertas de campaña.