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Huelga obrera en Quito

Martes 22 de agosto de 2017

La historia no contada del movimiento social nos trae a la memoria la lucha que emprendieron, en agosto de 1978, más de 100 familias obreras de las fábricas Metalmecánica San Bartolo y FARTO en peligro de perder su fuente de trabajo. Gracias a esa lucha, los trabajadores de esta última, que producía tejidos de punto, lograron que se firme el segundo contrato colectivo, que recogió nuevas conquistas para los trabajadores, entre ellas, estabilidad por dos años y aumentos salariales.

Las organizaciones sindicales de las fábricas mencionadas suscribieron un comunicado en el que señalaban que hoy, que los trabajadores de Metalmecánica San Bartolo y FARTO, están en peligro de ser echados a la desocupación, queremos que el señor Ministro del Trabajo que manifestó, en la última Convención Nacional de Autoridades del Trabajo: “Aunque nos digan dictadores, somos fieles cumplidores de la ley”, aplique sus declaraciones a la realidad. Más aún, si es el Estado, por medio del Ministerio de Educación y la Escuela Politécnica Nacional, el que adquiere mediante contrato de compraventa, la empresa Metalmecánica San Bartolo.

Su exigencia radicó en que se aplique el artículo 150 del Código del Trabajo que establecía la obligación con los obreros por parte de la empresa, esto es, que se respete la estabilidad y todos los beneficios del segundo contrato colectivo, y no se permita que artificiosamente, el gerente y propietario, tramiten la liquidación de la misma.

En respuesta a la arbitraria decisión del empleador y de las autoridades del trabajo que ilegalmente, el 2 de agosto, procedieron con la notificación de liquidar la empresa, los obreros de Metalmecánica San Bartolo se declararon en huelga, exigiendo que los nuevos empleadores les garanticen estabilidad y asuman el cumplimiento del contrato colectivo.
En el caso de FARTO, los trabajadores exigieron que se obligue a su propietario a que no inicie el proceso de liquidación de la empresa, en momentos en que se negociaba el proyecto del segundo contrato colectivo, ya que constituiría una burla a las disposiciones de las leyes laborales y a los derechos de los trabajadores.